
En 2021, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de proteger el poder adquisitivo del salario mínimo. A partir de esta modificación, se establece expresamente que su fijación o revisión anual no podrá ubicarse por debajo de la inflación observada durante el periodo correspondiente.
Este cambio implica que el salario mínimo debe ajustarse, como mínimo, conforme al comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), evitando que pierda valor real frente al aumento generalizado de precios.
Posteriormente, en septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 123 con la finalidad de elevar este principio a rango constitucional. No obstante, dicha reforma aún se encuentra en proceso legislativo, ya que requiere la aprobación del Senado y de las legislaturas estatales. De aprobarse en sus términos, su entrada en vigor se prevé para 2025.
Cabe señalar que la determinación anual del salario mínimo corresponde a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), la cual emite los montos aplicables con base en variables económicas, incluyendo la inflación.
En términos prácticos, esta reforma tiene un impacto directo en las personas trabajadoras que perciben el salario mínimo. Para quienes reciben ingresos superiores, el ajuste no es automático, por lo que cualquier modificación dependerá de la política salarial de cada empresa.
El aguinaldo se encuentra regulado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece un mínimo de 15 días de salario.
En 2024 se presentó una iniciativa para reformar este artículo con el fin de incrementar el aguinaldo a un mínimo de 30 días. Si bien esta propuesta ha sido aprobada en comisiones del Senado, aún se encuentra pendiente de discusión y votación en el Pleno, por lo que no ha sido aprobada de manera definitiva.
En caso de aprobarse, este cambio implicaría un ajuste relevante en las obligaciones laborales de los empleadores, con impacto directo en costos y planeación financiera.
Ambos temas reflejan una tendencia hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y la protección del ingreso de las personas trabajadoras. En este contexto, resulta relevante que las empresas evalúen el impacto de estas modificaciones en su estructura laboral y financiera, así como en sus políticas de compensación.
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